ATE formalizó el pedido de regularización de ingresos por Convenio Colectivo para jerarquizar el empleo público

“Existe la oportunidad histórica de jerarquizar el empleo público”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, en referencia a la demanda formal que realizo ese gremio al Ejecutivo provincial para que se instrumente un proceso generalizado de regularización salarial, de manera de avanzar en la eliminación de los montos no remunerativos y no bonificables que integran los haberes de los trabajadores dependientes del Estado Provincial.

Indicó que “actualmente gran parte de los sueldos estatales está integrada por sumas no remunerativas que en algunos casos superan a las remunerativas”, y señaló que en la nota enviada a la Gobernadora Arabela Carreras, considerando que al abrir este camino de blanqueo salarial, “existe la oportunidad histórica de jerarquizar el empleo público y reconocer el destacado rol que los y las estatales cumplen en el sostenimiento del Estado y sus servicios”.

En esa sintonía, ATE reafirmó que “de ninguna manera” este proceso puede ser parcial y sostuvo que “debe incluir a los más de 24.000 agentes” y a todas las reparticiones de manera conjunta, sin excepción.

El gremio demanda que el gobierno avance en un proceso de blanqueo salarial generalizado, evitando cualquier tipo de discriminación porque para el sindicato, “sectorizar una respuesta en este sentido violentaría principios constitucionales esenciales y produciría la reacción inmediata de miles de estatales de las carteras no contempladas”.

Y puntualizó, en ese sentido, que “creemos que la puesta en vigencia de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) sería la herramienta adecuada para eliminar este tipo de irregularidades en el empleo estatal” y adelantó que el CCT permitirá no solo abordar la regularización de todos los haberes, sino también establecer el escalafón y poner en funcionamiento la carrera administrativa en el Estado.

ATE detalló, además, que las cifras no remunerativas y no bonificables no sólo erosionan el poder de compra de los salarios, sino que contribuyen a desfinanciar a la obra social estatal y al sistema público de reparto, a la vez que pauperizan los montos de las jubilaciones.

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