La Asociación Trabajadores del Estado indicó que tras finalizar el Consejo de la Función Pública, ese gremio recibió del Ejecutivo una oferta de revisión salarial que lleva el incremento semestral al 30%.
En esa línea, ATE anticipó que durante las próximas horas convocará a los secretarios generales de toda la provincia para evaluar la propuesta que establece revisión durante la primera semana de julio y destacó que en lo que va del año, los estatales ya percibieron un incremento salarial del 10% al que debe sumarse el bono de $15.000 acordado con la gobernadora Arabela Carreras, en abril.
En la anterior paritaria, las partes habían acordado un incremento del 6% en mayo que ahora el Gobierno ofrece elevar al 12% más un 8% en junio, llevando el semestral al 30%. El gremio logró confirmar una fecha de revisión de corto plazo para la primera semana de julio e iniciar el análisis del aumento para el segundo semestre.
ATE remarcó que llega a esta instancia de negociación luego de una protesta de 72 horas, ya que el acta firmada la última vez estableció la revisión recién en junio y aseveró que durante la reunión, dejó planteados una serie de reclamos en varias carteras.
Entre los reclamos figura el pago de la indumentaria, la cancelación de una multimillonaria deuda en recategorizaciones, la homologación de los avances alcanzados en los convenios colectivos, la creación del adicional por calefacción para trabajadores de El Bolsón, Bariloche y Línea Sur y la liquidación del proporcional de aguinaldo de enero y febrero 2022, cuyos aumentos son parte de la pauta salarial 2021, entre otros puntos.
ATE también advirtió del deterioro de las condiciones laborales en las delegaciones de SENAF y el Ministerio de Desarrollo Humano como consecuencia de la falta de mantenimiento de los edificios y un preocupante déficit de recursos humanos que genera una sobrecarga permanente de tareas del personal y un servicio deficitario y busca que se efectivice el aumento del 50% del plus operador acordado en diciembre pasado para los agentes de ese organismo.
Por otro lado, denunció «el regreso de la precarización laboral con 700 trabajadores del ministerio de Educación que cobran bajo la modalidad “horas cátedra”, monotributo, PRIL (Programa de Inclusión Laboral) y subsidios. Este número, extendido a otros ministerios, alcanzaría a 2000 trabajadores». El gremio busca además el pago de movilidad, aumento y regularización del valor de horas suplementarias y el pago con el sueldo de horas extras.
En Salud, aseguró que exigió el reintegro del 30% de horas y guardias extras que el Ejecutivo “borró de un plumazo luego del esfuerzo del personal en pandemia. El ajuste desequilibra bruscamente el salario de los trabajadores”. Asimismo, reclama una suba en el punto de Guardia para los agentes que revisten en la Ley 1904, y también “la sanción de la Ley de Insalubridad y un régimen de jubilación anticipada”.