En la jornada de hoy se realizó la última audiencia del debate oral y público en el que se juzgó a un hombre acusado de efectuar diversos disparos al aire, uno de los cuales impactó sobre Jonathan Caracciolo, produciendo su muerte el 4 de julio de 2023. El joven llegó a esta instancia acusado de los delitos de homicidio culposo y portación ilegal de arma de fuego.
En el marco de la instancia de alegatos de clausura, que se extendió por más de cuatro horas en el auditorio del Poder Judicial, la Fiscalía sostuvo que quedó acreditado que el acusado efectuó una serie de disparos que derivaron en la muerte de Caracciolo ese 4 de julio, en inmediaciones del barrio 22 de Abril. La Defensa Pública, por el contrario, planteó que a pesar de no tener la responsabilidad de hacerlo, logró probar que el imputado se encontraba en su domicilio del barrio Guido en el momento en el que los hechos se perpetraron.
El debate se desarrolló ante un tribunal colegiado integrado por tres jueces de juicio. Durante siete jornadas se escucharon los testimonios de vecinos, familiares, peritos y personal policial.
En su alegato, el Ministerio Público Fiscal repasó la prueba producida y afirmó que, de acuerdo con los testimonios y los informes periciales, el acusado efectuó más de medio centenar de disparos de forma temeraria en inmediacione del barrio 22 de abril, aprovechando la nocturnidad. Uno de esos proyectiles habría impactado sobre la víctima, quien falleció de forma inmediata.
“Los relatos de los testigos de cargo fueron espontáneos, concordantes y coherentes, y se vieron respaldados por evidencia científica y técnica. La convergencia de esas pruebas no deja lugar a dudas de que —aunque sin intención— fue el acusado quien disparó de forma temeraria, conociendo el riesgo posible y aprovechando la nocturnidad y con ello ocasionó la muerte de Caracciolo”, indicó la Fiscalía.
Entre los elementos incorporados, se destacó el informe del perito balístico del Ministerio Público, que analizó parte de las 52 vainas servidas recogidas en el lugar del hecho, todas correspondientes a armas de fuego calibre 9 milímetros. Se sostuvo que el proyectil extraído del cuerpo de la víctima pertenecía a ese mismo calibre y que en las manos del imputado, así como en la motocicleta secuestrada que le pertenecía, se hallaron partículas compatibles con residuos de disparo. Además, se remarcó que el acusado no contaba con autorización legal para portar armas de fuego.
La acusación también subrayó la existencia de una pelea previa entre el imputado y otro hombre durante esa misma jornada, lo que “constituyó un antecedente directo del hecho investigado”. En ese contexto, consideró que la conducta del acusado fue imprudente y peligrosa, al manipular armas en una zona densamente poblada durante la noche.
“No se produjeron pericias por parte de la Defensa que contradijeran estos resultados, por lo cual los mismos permanecen firmes. La motocicleta secuestrada está directamente vinculada al imputado, quien – además- carece de autorización para portar armas. La ciencia, la tecnología y los testimonios coinciden y convergen: no hay azar, hay coincidencia”, enfatizó el fiscal.
La querella adhirió a la postura del Ministerio Público, resaltando dos aspectos que consideró determinantes: la existencia de un único tirador y la coincidencia temporal entre los registros fílmicos del hecho y las comunicaciones posteriores, que ubican al acusado en el lugar y momento señalados.
Por su parte, la Defensa sostuvo que desde el inicio del proceso su teoría del caso fue clara: el acusado no se encontraba en el sitio del hecho; a ello agregó que además, la investigación no logró acreditar con el grado de certeza requerido su autoría. Alegó contradicciones en los testimonios de cargo, falta de conclusiones firmes en las pericias balísticas y evidencia técnica que ubicaría al acusado en su domicilio del barrio Guido al momento del suceso.
Se refirió en ese sentido a comunicaciones telefónicas y a declaraciones de policías que habrían atendido al imputado en la comisaría del barrio cuando éste acudió buscando desligarse de los hechos. El bloque de defensores penales también objetó la incorporación de un mapa presentado hoy, que mostraba un recorrido atribuido al imputado, argumentando que no se garantizó la posibilidad de control de esa prueba.
La Defensa contradijo la posición fiscal al señalar que existieron testimonios que mencionaron más de un arma en el lugar y que la investigación no consideró esa posibilidad. “La Fiscalía pudo haber peritado una segunda arma introducida por la Defensa y no lo hizo. Esa pudo haber sido la que disparó e hirió a Caracciolo. No lo sabremos, porque no se pidió tal análisis. Hubo errores graves de investigación orientados a sostener una única hipótesis: que el imputado fue el único presente y el único que disparó. Pero, para la Defensa, y esto está debidamente probado, él nunca estuvo allí”.
Finalmente, el tribunal escuchó las palabras de la pareja de la víctima quien le habló directamente al acusado antes de dar por concluida la etapa de alegatos. La lectura del veredicto será en el mismo Auditorio el 11 de noviembre próximo a las 8:30 horas.