El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, presentó su declaración jurada de bienes e ingresos y la de su grupo familiar.
Aguiar declaró ingresos por $77.000 mensuales, la propiedad de un Volkswagen Vento 2016, un crédito bancario de $150.000 y ahorros en efectivo y señaló en conferencia de prensa que “en la Argentina actual a quienes tenemos la responsabilidad de administrar intereses colectivos, no nos alcanza con decir que somos honestos. Lo tenemos que demostrar todos los días».
Indicó que “todavía existe un fuerte desprestigio sobre los sindicatos y nos corresponde a nosotros dar el primer paso para recuperar la confianza de la sociedad”.
Puntualizó que “a esta altura la actividad sindical debe dejar de ser una isla exenta de controles y el pueblo debe saber cuánto ganan y cómo viven los sindicalistas».
Aguiar aseveró que «tenemos un Gobierno Nacional cuya estrategia es la de estigmatizar a las entidades gremiales y le viene saliendo bien. La imagen negativa de los sindicatos empeoró aún más que la de otros estamentos como la Justicia o la Iglesia» y agregó que “estamos de paso por las organizaciones. No podemos solo administrar una institucionalidad formal y tenemos la obligación de producir todas aquellas transformaciones profundas que los tiempos históricos nos demandan».
Alentó una modificación en la Ley Provincial 3.550 de Ética de la Función Pública, para que sea obligatoria la presentación de Declaración jurada de todos los dirigentes sindicales y señaló que “es para poner coto a los privilegios del interés personal por sobre el interés público e impedir los actos de corrupción, ventajas y venta de influencias en la toma de decisiones”, y evaluó que “la norma original data del año 2001, en un momento de profunda crisis institucional en el país. La Legislatura Provincial, de la mano del legislador Eduardo “Bachi” Chironi, sancionó una norma ejemplar para resguardar el correcto uso de los cargos y la función pública”.
ATE planteó la necesidad de modificar el artículo 3 de la norma, para adoptar la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada por parte de los Secretarios Generales o Presidentes que encabecen las organizaciones sindicales y alertó que es menester del Estado resguardar la integridad de las instituciones garantizando transparencia sobre los bienes e ingresos de los principales dirigentes.