«Es el paso previo a su privatización», dice el bloque Vamos con Todos. En marzo del año pasado la Legislatura aprobó el rechazo a cualquier intención de privatizar el BNA.
El bloque Vamos con Todos expresó su más rotundo rechazo a la reciente medida del Gobierno Nacional, mediante el Decreto 116/2025, que transforma al Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima. Esta decisión amenaza la estabilidad de la institución bancaria más importante del país y constituye el paso previo hacia su privatización definitiva.
La medida, publicada el 20 de febrero de 2025 en el Boletín Oficial, establece que el Banco Nación dejará de ser un ente autárquico para convertirse en una sociedad anónima, una estrategia que tiene como único objetivo el desmantelamiento y la posterior venta de la entidad pública, cuya función histórica ha sido garantizar el desarrollo económico y social de la Argentina. Frente a ello, los legisladores presentaron un proyecto a la Legislatura provincial que solicita al Congreso Nacional que derogue el decreto e insta a que se impida el vaciamiento del banco.
“El Banco Nación no es sólo una institución financiera, es un símbolo de nuestra soberanía económica”, afirmó José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos. “Transformar el BNA en una SA es un ataque directo al patrimonio del pueblo argentino. No se trata de ‘modernizar’ un banco que funciona de manera ejemplar como un banco público, sino de allanarle el camino a su venta a grupos privados que sólo buscan maximizar sus beneficios”, explicó. En marzo del año pasado, la Legislatura, a instancias de este bloque aprobó su rechazo a los procesos conducentes a la privatización del BNA. Aquella iniciativa obtuvo el apoyo de todos los legisladores excepto la CC ARI, los libertarios y el PRO.
Magdalena Odarda destacó la contradicción que representa este cambio. “Es incomprensible que se desee privatizar una entidad que demostró ser rentable y que ha sostenido al país en momentos de crisis económicas. El Banco Nación es el mayor prestador de créditos a las Pymes y sectores productivos y juega un rol fundamental en la atención a los jubilados y pensionados”, señaló.
Según Luciano Delgado Sempé esta decisión es un ejemplo claro de la concentración de poder en el Ejecutivo, eludiendo el debate democrático en el Congreso Nacional. “Este tipo de decretos son un golpe a la autonomía del Congreso y socavan el principio de división de poderes que es pilar en nuestra democracia. La privatización del Banco Nación no debe ser decidida de forma unilateral por un gobierno, sino que debe ser un tema de debate parlamentario y una decisión de todo el pueblo argentino, no de un sector político”, aseguró Delgado Sempé.
Por su parte, Ayelén Spósito, expresó que el impacto de la medida afectará a los trabajadores bancarios y también a millones de ciudadanos y pequeños empresarios que dependen de las políticas crediticias y sociales del Banco Nación. “Nos enfrentamos a un gobierno que está dispuesto a sacrificar los derechos de los trabajadores y los sectores más vulnerables para cumplir con exigencias externas, como las del Fondo Monetario Internacional”, señaló Spósito, haciendo alusión a las promesas de privatización que, según fuentes cercanas al gobierno, ya fueron acordadas en reuniones con organismos internacionales.
Las proyecciones de reestructuración de la entidad incluyen el cierre de sucursales y despidos masivos. Fabián Pilquinao alertó sobre los efectos sociales y económicos de esta privatización disfrazada, en particular para los pueblos y ciudades del interior del país. “No podemos permitir que se desmantele una institución que ha sido vital para el desarrollo de las economías regionales. Los anuncios de despidos masivos y el cierre de sucursales en localidades de todo el país sólo demuestran la intención de reducir el banco a un mero negocio privado”, señaló Pilquinao, quien consideró que esta medida podría acentuar las desigualdades en diversas regiones.