El bloque de legisladores del Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) presentó tres proyectos en la Legislatura para resguardar las tierras afectadas y atender la crisis productiva y social generada por el incendio en El Bolsón. Las iniciativas buscan garantizar la regularización dominial para los pobladores afectados y evitar transferencias de tierras, establecer planes de contingencia contra incendios en áreas naturales protegidas y acompañar a los trabajadores estatales damnificados. Los legisladores afirmaron, tras recorrer la zona en varias oportunidades y dialogar con los pobladores, que resulta fundamental que el Estado provincial implemente políticas específicas para atender la emergencia.
Uno de los proyectos propone declarar la “Emergencia Territorial” para que los pobladores de Mallín Ahogado que habitan tierras fiscales sin adjudicación en venta puedan agilizar sus expedientes y obtener plenos derechos. Se prevé la creación de un fondo específico para quienes no cuenten con los recursos para financiar las mensuras. Además, la iniciativa plantea la suspensión de cualquier tipo de transferencia, compra-venta o cesión de derechos sobre mejoras en tierras fiscales para evitar especulación inmobiliaria en la zona afectada.
En este sentido, desde el bloque señalaron: “En esta crítica situación debemos crear herramientas legislativas para evitar que las tierras que hoy están subsumidas en esta desgracia terminen en manos de especuladores, dejando a los pobladores sin un lugar donde vivir. Muchos de ellos han iniciado trámites hace décadas y el Estado provincial nunca dio respuesta. Hoy, en la urgencia, hay que acompañar con medidas extraordinarias”.
Otro de los proyectos impulsa la creación de planes de contingencia contra incendios forestales en Áreas Naturales Protegidas determinadas por la Ley Nº 2.669, como el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido. Se establece la obligatoriedad de un plan sistemático, actualizado anualmente y con ejecución presupuestaria real, enfocado en la prevención y el mantenimiento de los bosques protegidos.
«Además de minimizar el daño de los incendios, es fundamental trabajar en la prevención, y el Estado Nacional y Provincial tienen un rol clave con recursos, capacitación del personal e inversiones en infraestructura. La falta de un plan de manejo y contingencia en la zona del ANPRALE ha recrudecido las consecuencias de esta situación. El abandono y desfinanciamiento de los organismos destinados a la prevención, cuidado de bosques nativos y combate del fuego requiere revertir la tendencia de subejecución presupuestaria del gobierno provincial en los últimos años», afirmaron los legisladores.
En cuanto a los recursos específicos para combatir incendios, el proyecto realiza un análisis histórico comparativo de los últimos cinco años, evidenciando una fuerte subejecución presupuestaria. Por ejemplo, en 2023 se asignaron $333.036.210,41, pero solo se ejecutaron $152.005.933,17 (48%). En 2024, hasta noviembre, el presupuesto vigente fue de $871.458.064,02, pero solo se habían pagado $90.668.665,78.
«Una política pública se mide en la asignación real de recursos. Si no hay inversión en prevención, solo nos resta esperar nuevas situaciones como la que hoy vivimos en El Bolsón. Por eso proponemos planes de contingencia y ejecución real de los fondos asignados», remarcaron.
El tercer proyecto está orientado a acompañar a los vecinos afectados por el incendio, otorgando una licencia especial de 90 días para los trabajadores del Estado provincial que necesiten realizar gestiones y reconstruir lo perdido. Se prevé presentar un proyecto de ordenanza similar para los empleados municipales. Además, se solicita que el Estado provincial asuma los descuentos establecidos por ley durante la vigencia del decreto 75/25, mejorando así los ingresos de los trabajadores sin afectar prestaciones como el acceso a IPROSS o IPAPS.
«Queremos aportar con propuestas. Ante la ausencia del Estado Nacional, es necesario que el Estado Provincial construya rápidamente herramientas para prevenir nuevos incendios y proteger nuestros bosques y bienes naturales comunes. Al mismo tiempo, debemos acompañar a los vecinos y vecinas afectados, garantizando el pleno derecho sobre las tierras que habitan desde hace años y evitando maniobras de especulación inmobiliaria», concluyeron.