«Valoramos que estamos en un proceso de diálogo”, dijo Nora Aurora Cader, Defensora del Pueblo del Municipio de Viedma, en referencia a la propuesta que realizó a las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPPV) para avanzar en un relevamiento conjunto de la situación habitacional, dominio, servicios y seguridad e higiene de los barrios FONAVI.
Reafirmó que el objetivo es avanzar en políticas públicas que aporten soluciones a diferentes problemáticas irresueltas que se evidencian en estos complejos habitacionales y que afectan negativamente la calidad de vida de vecinas y vecinos y aseveró que mantuvo contactos con autoridades del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, con el objetivo de conocer cuándo se concretará la reunión del directorio de Aguas Rionegrinas, que es la encargada de avalar el convenio mediante el cual la empresa -con el proyecto técnico-, el Departamento Provincial de Aguas -con el financiamiento- y el municipio -con administración de la obra- acordaron renovar integralmente las cañerías principales de agua potable y cloacas del Barrio Guido.
En esa sintonía, Cader señaló que «valoramos que estamos en un proceso de diálogo, que se han dejado las excusas de lado y que se han asumido compromisos importantes, pero necesitamos que se dé certeza sobre el inicio y los plazos de la obra, porque hace años que vecinas y vecinos de esta capital conviven a diario con aguas servidas o juntando aguas en baldes y botellas para poder bañarse o hacer sus quehaceres».
Y destacó que los temas que hoy aparecen como urgentes en los Barrios Guido, América y Ceferino tiene que ver con los desbordes cloacales, las interrupciones en el suministro de agua potable y con las cuantiosas pérdidas de ese recurso que se dan por roturas en la red.
Sobre los temas urgentes reafirmó, además, que es clave la participación del IPPV, “por tres razones. Construyó esos barrios. Muchas de las unidades aún siguen administrativamente bajo su dominio y, en la normativa, era responsable de instrumentar la puesta en marcha de los consorcios que en teoría debían ocuparse del mantenimiento de los espacios comunes, servicios y otras cuestiones.
Sobre la propuesta que fue planteada durante una reunión que mantuvo la semana pasada la Defensora del Pueblo con el Subsecretario de Gestión y Vivienda del IPPV Gustavo Otero, en representación de la Arquitecta Inés Perez Raventos, interventora del organismo, indicó que fue en el marco de una “reunión positiva, hubo una buena recepción de las autoridades del organismo a nuestra propuesta de avanzar en un relevamiento integral de estos barrios, para tener un diagnóstico claro y poner de inmediato el ingenio y las manos a trabajar para resolver los problemas que aquejan a tantas vecinas y vecinos».